[Documento] Consideraciones para la acción: Bombas Molotov

Texto aportado por unxs compas

En diferentes contextos de enfrentamientos callejeros los artefactos incendiarios tipo bombas molotov u otros similares, han sido una herramienta de fácil y sencilla elaboración que se ha usado para atacar a la policía o cualquier tipo de represión por parte del Estado. Su fabricación casera no es algo aleatorio, la composición de este artefacto es mediante materiales que no son difíciles de conseguir pues son de venta a todo público (botellas, bencina, plumavit, tela, etc) y no se necesitan grandes presupuestos. Es decir, que detrás de la confección artesanal de estos elementos existen quienes habitan una convicción clara y eso permite encontrar en la cotidianidad estrategias de ataque contra el poder.

Su uso cada vez más frecuente con los años, ha llevado a los aparatos jurídicos a buscar mecanismos que logren criminalizar todo tipo de artefacto incendiario dentro de sus leyes y evitar así la propagación de estas acciones.
Así, la reforma que sufre la ley de control de armas en el 2015, introdujo explícitamente la penalización de la bomba molotov y estableció un tratamiento penal muy severo, el cual se ha traducido en prisión preventiva y una pena efectiva de cárcel casi segura.

Esto se contrasta con lo que ocurría antes, cuando sus consecuencias penales eran mucho menores y generalmente una detención por artefacto incendiario no significaba mayores repercusiones, pues terminaba en procedimientos que en caso de terminar en condena cuyo cumplimiento en todo caso era en libertad.

De esta forma, el poder pasó a reconocerla como un arma explícita en su contra, y pulió su afán persecutor para estos casos, pasando a penalizar su fabricación, porte y lanzamiento drásticamente.

Por otro lado, el álgido contexto de enfrentamientos callejeros que se ha agudizado desde el 18 de octubre de 2019 ha evidenciado las nefastas consecuencias de la reforma de esta ley, pues ha sido una de las más potentes herramientas que ha utilizado el poder para criminalizar estas formas de ataque, logrando detener a miles de compañerxs por estas acciones.

Por ello, creemos que conocer los mecanismos bajo los que opera el Estado para encarcelar a quienes no dudan en pasar a la ofensiva, podría ser un paso importante dentro de nuestras estrategias, porque reivindicamos la propaganda por el hecho y no buscamos bajo ningún motivo que estas informaciones tiendan a paralizar o detener el ataque directo. Sino que al contrario, queremos incentivar a que estas prácticas se perfeccionen y multipliquen de forma segura y certera buscando accionar desde el autocuidado y la autocrítica.

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[Documento] ¿Qué contempla la Ley de Incendio?

Texto por No Más Presxs Por Luchar

En la Ley de Incendios y Estragos, artículos desde el 476 al 483 del código penal, se establecen las penas para los crímenes de incendio. Casi todas las formas de incendio que se definen en estos artículos pueden ser catalogados bajo la figura de “terrorista”, la cual ha sido utilizada en reiteradas ocasiones para aumentar las penas y aumentar el grado de los delitos, sobre todo en contexto de protesta y en la represión al pueblo mapuche.

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[Documento] Informativo sobre Nueva Ley Antisaqueos y Antibarricadas (nº 21.208)

Enviado a boletín Rebrote | Publicado en el número 3

La revuelta que sacude a la región chilena desde el 18 de octubre 2019 en adelante se ha caracterizado por una marcada legitimación popular de múltiples formas no pacíficas de protesta y la masificación de la validación de la acción directa contra las estructuras y símbolos del Poder y el Capital, como medios válidos para expresar la rabia acumulada por años ante un sistema de dominación y reproductor de miserias que tambalea.

En una rápida respuesta represiva ante las masivas y multiformes manifestaciones, el 7 de noviembre, Sebastián Piñera anuncia un paquete de medidas de seguridad con el supuesto objetivo de resguardar el orden público tras las intensas e incontrolables jornadas de protestas que caracterizaron las primeras semanas. Éstas, tienen como indudable fin fortalecer el poder punitivo del Estado y su brazo armado, como también criminalizar con más ahínco las múltiples formas que ha adoptado la lucha callejera que le ha dado vida a la revuelta.

Así el proyecto de ley “Antisaqueos y antibarricadas” fue anunciado como parte de estas medidas represivas impulsadas por el Estado. Ingresado por parlamentarios de Chile Vamos y de la DC, avanzó rápidamente todos los trámites e instancias legislativas, contando con la aprobación transversal tanto del oficialismo como de la concertación y el frente amplio, lo cual facilito su rápida aprobación y puesta en vigencia.

Finalmente, el 30 de enero del 2020 se promulgó como Ley de la república la ley 21.208, más conocida como Ley antisaqueos y antibarricadas, la cual tiene como objetivo medular atacar con castigos ejemplificadores y tendenciosos, acciones de protesta callejera que desafían a la normalidad capitalista y el orden establecido, constituyendo esto un gran salto en la capacidad represiva del estado contra la revuelta.

De este modo, podemos apreciar que el Estado a través de sus herramientas de dominio por excelencia: las leyes y el monopolio del uso de la fuerza a través de su aparataje represivo, se presenta como un modelo dinámico y en constante reformulación para fortalecer su arquitectura represiva y así perfeccionar su eficacia como herramienta de control social y dominación.

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